Histórico” sí, pero no por lo que presume, ministro.
Con esta reforma, el Gobierno no moderniza la Justicia, la coloniza.
Al pasar la instrucción penal del juez al fiscal, se elimina la figura independiente que garantiza la separación de poderes. El Ministerio Fiscal, conforme al art. 124 de la Constitución, actúa con unidad de criterio y dependencia jerárquica del Ejecutivo, a través del Fiscal General del Estado nombrado por el propio Gobierno.
Traducido: el poder político pasa a tener la llave de las investigaciones.
Esto no es europeizar la justicia, es politizarla. En Alemania, Italia o Francia los fiscales son autónomos y sus nombramientos no dependen del partido en el poder. En España, en cambio, el mismo Gobierno que nombra al fiscal pretende ahora que sea él quien dirija las investigaciones penales.
El “juez de garantías” que proponen no equilibra nada: supervisa sin instruir. Es un adorno institucional que sirve de coartada para maquillar un asalto a la independencia judicial.
La justicia no se “agiliza” concentrando poder en manos del Ejecutivo.
Se degrada.
Y cuando el poder político controla la acusación, la libertad se convierte en una concesión, no en un derecho.