La propuesta de nacionalizar Repsol subestima costos y complejidades: adquirir el 25% por 4.500 millones no garantiza control efectivo, y el precio de acciones subiría ante anuncio, elevando la factura total por encima de 20.000 millones, comparable al PIB per cápita de España. Asume falazmente que gestión estatal reduce precios energéticos y acelera transición verde, ignorando ineficiencias crónicas en firmas públicas como PDVSA en Venezuela, donde nacionalizaciones destruyeron valor. Políticamente viable en coaliciones izquierdistas, pero choca con normas UE de competencia y provocaría fuga de capitales, no resolviendo emergencias climáticas ni fiscales subyacentes.