El espejismo de la JEP Hace unos días enviamos al Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, una misiva en la que le pedíamos reconsiderar el apoyo que le daba el Consejo de Seguridad de la ONU al acuerdo de la Habana. El Consejo de Seguridad ha emitido una decisión que derrumba el aval internacional que -decían- blindaba el Acuerdo. Retirar la verificación de las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no es un mero ajuste técnico, es un veredicto político: se rompe la ilusión de que la “justicia restaurativa” colombiana estaba acorde con el Estatuto de Roma. La decisión del Consejo podría interpretarse como una descalificación del sistema. Hoy pareciera que somos más los que consideramos que priorizar la impunidad sobre la justicia real no es aceptable, ni bajo los estándares morales ni bajo el Estatuto de Roma. El cinismo con el que priorizaron la reinserción política sobre la justicia, la verdad y las víctimas queda al descubierto. Esto agrava la percepción de impunidad que ya carcome a la JEP. Las sanciones restaurativas —trabajos comunitarios por hasta ocho años, sin cárcel— eran cuestionadas por su laxitud, y pierden su respaldo global. Hoy solo son un pacto interno, vulnerable y sin la confianza de la comunidad internacional. Sin la ONU, sus sanciones no restauran: son solo impunidad. La ONU se retira en el peor momento: mientras la Corte Penal Internacional (CPI) examina si Colombia garantiza investigaciones y sanciones efectivas. Esto no es solo un castigo diplomático; puede ser el preludio de una reactivación del examen preliminar o, peor, de intervenciones correctivas de la CPI. Los exguerrilleros quedan expuestos a juicios externos. Excluyo las Fuerzas Armadas que han pagado cárcel por los crímenes que les imputaron -a diferencia de las FARC-. La Misión de Verificación de la ONU se limitará ahora a reincorporación, seguridad y reforma rural. Esto impacta de manera directa la “paz total”, ya que esta tenía como fundamento la aceptación internacional de la justicia transicional de la Habana. El marco de la JEP está agotado. Colombia necesita un nuevo paradigma de seguridad y justicia: procesos de sometimiento que incluyan penas efectivas, control nacional riguroso y acompañamiento internacional exigente, no complaciente. La verdad de las FARC nunca la llegamos a conocer. La JEP, mediocre como es, se sujetó a la verdad que tenía la Fiscalía. Los aportes sobre los temas relevantes ni siquiera se solicitaron, por ejemplo: sus vínculos con el narcotráfico, las rutas, los socios; nos quedó faltando todo sobre sus orígenes, la influencia cubana y la financiación de la Unión Soviética, así como los entrenamientos y adoctrinamientos de los comunistas internacionales en nuestro país. No nos dijeron nada de sus vínculos con organizaciones terroristas de otros países, especialmente los vínculos que adquirieron con el Oriente Medio: Hamas, Hezbolá, entre otros. Y por supuesto, nada dijeron de Venezuela sobre el apoyo que recibieron de Chávez y de Maduro. Tampoco de sus apoyos políticos armados, ni sus financiaciones a la política. Petro dice que el encubrimiento de la verdad favorece a los Uribistas y nos tilda de haber tenido vínculos con el narcotráfico. Nada más falso. La verdad de las FARC revelaría el daño que el régimen soviético causó sobre Latinoamérica en su intento por expandir el comunismo a través de la revolución violenta. Toda la sangre derramada en Latinoamérica con el falso discurso de la revolución se le debe a los recursos soviéticos y a la injerencia de la dictadura cubana liderada por Castro. Lejos de haber traído mejoras sociales, nos sembraron el virus de la violencia que solo dejó muerte, desolación y que impidió el desarrollo de Latinoamérica, sometiéndonos a la pobreza. Esa verdad, la de la lucha armada y la fracasada revolución, el país la necesita, para nunca más confiar en quienes empuñaron armas, derramaron la sangre de los inocentes y hoy posan de próceres: son ellos los verdaderos responsables de todo lo que hoy nos falta.

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