El IMV llega a casi 2,4 millones de personas en octubre: ✔️Son 773.272 hogares cubiertos, 131.998 monoparentales. ✔️El 40,1% de los beneficiarios son menores de edad, lo que implica 968.881 niños, niñas y adolescentes protegidos por esta prestación. lamoncloa.gob.es/serviciosde…

El correo, el relato y el silencio En marzo de 2024, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, negoció con la Fiscalía de Madrid un acuerdo de conformidad por dos delitos fiscales. Su abogado envió un correo confidencial al fiscal que instruía el caso, con una propuesta de pacto. Ese correo, amparado por el secreto profesional y por la protección procesal de toda comunicación entre defensa y acusación, fue filtrado a varios medios pocas horas después de llegar a la Fiscalía General del Estado. El resultado fue inmediato. Titulares con frases textuales del mensaje y un linchamiento público del empresario como “confeso defraudador”, antes incluso de que hubiera juicio. El fiscal general, Álvaro García Ortiz, negó ser la fuente de la filtración. Pero la cronología, los registros y las actuaciones posteriores levantaron serias sospechas: -El correo se recibió en su cuenta personal de Gmail a las 21:59 del 13 de marzo. -A las 22:10, la Cadena SER publicó fragmentos literales del texto. - La Fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, se negó a firmar una nota de prensa redactada por orden de García Ortiz, al incluir datos personales prohibidos. - Meses después, la UCO confirmó que el fiscal borró su teléfono, su cuenta de Google Drive y sus copias de seguridad el mismo día en que supo que sería investigado. El Tribunal Supremo abrió causa por revelación de secretos (art. 417 CP). Desde entonces, el caso se ha convertido en espejo del deterioro institucional. Una Fiscalía que actúa con reflejos políticos, unos medios que protegen a su fuente oficial y un Gobierno que confunde la defensa del Estado con la defensa del partido. El origen: Un correo, dos versiones y una frontera El 2 de febrero de 2024, el abogado de González Amador, Carlos Neira, remite un correo a la Fiscalía de Madrid proponiendo un acuerdo penal. Ese correo (Correo 1), es el documento clave. Un mes después, y ya dentro del expediente, se genera una copia interna (Correo 2) que llega al propio González Amador. El primero estaba bajo reserva absoluta y el segundo era parte de su derecho de defensa. El 13 de marzo, a última hora de la tarde, el fiscal Julián Salto reenvía el mensaje a la Fiscalía General del Estado, siguiendo el conducto jerárquico. Minutos después, García Ortiz lo redirige a su cuenta personal de Gmail, un gesto inusual y no autorizado. A las 22:10, la SER publica una noticia titulada “La pareja de Ayuso confiesa haber defraudado 350 000 euros”, con frases textuales del correo que sólo estaban en el original. El circuito de confidencialidad se había roto. La nota de prensa: El punto de no retorno Mientras esa noticia salía al aire, dentro de la Fiscalía se redactaba una nota institucional. Su objetivo era “explicar” el contenido del correo y neutralizar la versión de El Mundo, que había publicado unas horas antes una información crítica con el Ministerio Fiscal. La directora de comunicación confirmó después que redactaban la nota “en ese momento”, y que el texto incluía “datos personales y detalles del correo”. La Fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, se negó a firmarla, advirtió que vulneraba el secreto procesal. García Ortiz insistió. Le dijo literalmente: “Es imperativo, Almudena. Nos están ganando el relato.” Finalmente, la nota se publicó sin firma directa, pero con el sello de la Fiscalía. Los medios afines replicaron su contenido en cadena. El daño estaba hecho, el acusado había sido expuesto públicamente a partir de un documento que solo debía conocer la autoridad judicial. La reacción política y el triángulo institucional A la mañana siguiente, el correo llegó a manos del gabinete de Presidencia del Gobierno, concretamente a Pilar Sánchez Acera, asesora de Óscar López. Ella lo reenvió a Juan Lobato, líder del PSOE madrileño, que lo utilizó en la Asamblea para atacar a Ayuso. Aquella secuencia Fiscalía → Moncloa → PSOE dibujó una sincronía impropia de tres estructuras que deberían actuar separadas. El caso reveló una fusión de facto entre Estado, Gobierno y partido. El fiscal actuaba con reflejos políticos; Moncloa reaccionaba como gabinete de prensa; el PSOE lo traducía en relato parlamentario. Nadie se preguntó entonces por el límite legal de esa cadena. La investigación: El borrado y los indicios El 16 de octubre de 2024, el mismo día que el Supremo comunica su imputación, García Ortiz borra su móvil, sus mensajes y su cuenta de Google Drive. Alega un “protocolo de seguridad”. La UCO concluye que tal protocolo no existe y que el borrado impide acceder a posibles pruebas. Además, el fiscal nunca devolvió el teléfono institucional, alegando “motivos personales”. Durante la instrucción, varios periodistas afirmaron haber tenido el correo “desde el 6 de marzo”, pero ninguno aportó prueba técnica de ello. El juez Ángel Hurtado recogió en su auto que esos testimonios “no desvirtúan la cadena probatoria ni acreditan posesión previa del documento”. En cambio, sí existen pruebas objetivas de sincronía entre el envío del correo al Gmail del fiscal y la publicación mediática posterior. Lo que no se investigó Nunca se abrió una investigación interna en la Fiscalía para averiguar quién filtró el documento. Si el fiscal general no fue, ¿por qué no quiso descubrir quién sí lo fue? La ausencia de esa iniciativa, un silencio institucional deliberado, es uno de los elementos más sospechosos del caso. En lugar de ordenar una auditoría interna, se buscó un chivo expiatorio técnico, y se trató de cerrar filas. A día de hoy, ningún fiscal subordinado ha sido sancionado o expedientado. Lo que se juzga realmente El juicio en el Tribunal Supremo no trata de opiniones, sino de hechos: Un documento reservado que solo podía estar en manos del Estado, una publicación inmediata en medios afines, una nota de prensa con contenido protegido, un fiscal que borra sus comunicaciones, y un Gobierno que sale a justificarlo políticamente. Eso basta para justificar la acusación de revelación de secretos. No hace falta una confesión, sino una cadena de indicios graves, precisos y concordantes, que es exactamente lo que hay. La disolución del Estado en el relato El caso García Ortiz no es un incidente aislado. Es la demostración de cómo el Estado puede convertirse en una herramienta narrativa, donde la legalidad cede ante la estrategia. La Fiscalía ya no actúa como garante, sino como vector de comunicación; los medios no informan, sino que blindan la versión oficial; y el Gobierno observa desde la misma mesa. La revelación existió. Lo que falta por determinar no es si hubo delito, sino quién lo firmó sin dejar rastro. Porque el crimen perfecto no es el que se comete sin pruebas, sino aquel en el que otro carga con la culpa y el relato lo absuelve.

🛒 Intenten endur-se un carro ple d'aliments d'alta gamma d'un supermercat de Solsona, però les rodes queden encallades i els enxampem. Detenim tres persones que sumen 179 antecedents. Al seu cotxe hi trobem més productes, sostrets a Berga. En total, els articles valen 4200€.

🚶‍♂️‍➡️ A Girona, les veïnes i veïns recuperen els carrers i espais públics per fer-hi vida i comunitat. 🗣️ L’alcalde @llsalellasvilar ho explicava al Fil Directe de @tvgironahd 👇 🔗 Recupera el programa sencer: tvgirona.com/capitol/tv_giro… #MilloremLaVida

El 16 de marzo de 2024 se comenzó a aplicar la Ley de Vivienda en Barcelona, y el alquiler medio ha bajado considerablemente, desde 1.194 a 1.087 euros. A su vez, la oferta de alquileres sigue subiendo, aunque a menor ritmo porque muchos alquileres han pasado a ser de temporada.

𝗥𝗲𝗽𝘂𝗻𝘁 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘂𝘀 𝗱𝗲 𝗹'𝗵𝗮𝗯𝗶𝘁𝗮𝘁𝗴𝗲 𝗮 𝗕𝗮𝗿𝗰𝗲𝗹𝗼𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝟰,𝟰% 𝗲𝗻 𝘁𝗿𝗲𝘀 𝗺𝗲𝘀𝗼𝘀. El lloguer mitjà signat a la ciutat va ser de 1.135,55 euros, davant els 1.087,23 del primer trimestre. És a dir, de mitjana 48,3 euros més cars, amb una pujada del 4,4%. Els contractes signats han continuat caient, fins a comptabilitzar-se 7.411. Aquesta tendència, malgrat l'enorme demanda, es basa en la menor oferta del mercat. Font: Incasol (Generalitat de Catalunya).