Que trascienda…
Aclaremos:
No; la Comunidad Autónoma no tiene que solicitar al ejército.
Puede, pero no exclusivamente.
Puede solicitar también la declaración de emergencia de interés nacional el ministro o la delegación de gobierno y debe decretarla el consejo de ministros.
La ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, en sus Arts 23 (declaración zona gravemente afectada), 28 y 29 (Declaración) lo dejan muy claro.
Eso no impide desplegar al ejército con anterioridad ni impide que los policías trabajen en demarcación de Guardia Civil o viceversa.
Las Fuerzas Armadas, como servicios públicos de intervención y asistencia en emergencias de protección civil, deben ser solicitadas por el ministerio de interior a la titular de defensa (Art.34 17/2015)
Esa solicitud y orden está ejecutada, toda vez que la UME está desplegada allí desde el primer día, así que esa excusa deja de ser válida y no pueden decir que "Mazón no lo pidió". Pero, aunque así hubiera sido, el sistema está diseñado para que no dependa esa decisión de una sola persona. (Puede no hacerlo por olvido, ineptitud o por maldad)
Si bien esta tampoco es la clave, el art.15 de esa misma ley determina que los planes (especiales) para hacer frente a estas catástrofes (inundaciones) pueden ser autonómicos o estales.
El Art.18 nos dice claramente que el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil debe "actuar como Centro de Coordinación Operativa en las emergencias de interés nacional".
Es declaración no deja de ser un elemento burocrático que puede ir desarrollándose al mismo tiempo que las unidades de despliegan y coordinan, no es preciso que los recursos esperen al papeleo.
Por tanto, la falta de efectivos y de medios, así como de organización y coordinación, son responsabilidad ABSOLUTA del ministerio de interior y defensa.
Lo dije desde la primera noche, que la alarma llegaba muy tarde, que esto iba a ser una tragedia sin paliativos y que el amanecer iba a traer un apocalipsis. Si yo lo veía, lo veía cualquiera que haya trabajado en emergencias. Lo veían los compañeros guardias civiles, policías, bomberos y protección civil que estaban en la zona y que pedían auxilio, medios y libertad para actuar y que han hecho un trabajo heroico a pesar del boicot administrativo, político y de algunos mandos intermedios a los que habrá que pedir cuentas.
Lo veía todo el mundo, menos los políticos que solo piensan en conservar el sillón y en sacar rédito político.
Por eso - y no digo al amanecer-, que desde esa misma noche no se estuviera movilizando al ejército con todo y que se sigan enviando medios a cuentagotas es una negligencia criminal.
La gente ha dormido en casas inundadas con cadáveres, cuando a excepción de los que no podían extraerse, se les pudo alojar temporalmente en hoteles (El Art.7 permite la requisa y ocupación de los mismos). Se ha tardado 48h en habilitar zonas para damnificados.
Esta vez se ha visto claro como la acción civil (También regulada en el Art.7 y que tampoco nadie ha coordinado) ha suplido las carencias de un Estado que no se ha hecho presente con la celeridad ni intensidad necesarias y que los simulacros y jornadas técnicas, no servirán de nada mientras sigan gestionadas por cargos políticos y mandos superiores que se limitan a acudir para abrir y cerrar las mismas, leer Reales Decretos y "vender" lo preparados que están y los medios que tienen.
Dejen a los profesionales trabajar. Tenemos uno de los mejores servicios de protección civil y emergencias del mundo y ha sido impedido aquí por la ineptitud de cuatro burócratas ineptos cuya estulticia y maldad cuestan vidas.
Tanto el presidente de la Comunidad Autónoma, como los responsables de emergencias de la misma, como el ministro de interior, el Director general de protección civil y la ministra de Defensa no solo deben dimitir, por su parte de responsabilidad, sino que deben responder ante la justicia.
Si es que queda de eso en España.