Lo que se discute es el uso del secreto profesional como escudo para tapar delitos.
El derecho a la información protege al periodista frente al poder, no al poder frente a la justicia.
En este caso no hablamos de una fuente vulnerable, sino de una institución del Estado que filtró un correo confidencial para construir un relato político.
Si la fuente fuera un denunciante, el secreto tendría sentido. Pero si la fuente es la Fiscalía General del Estado, el secreto deja de ser un derecho y pasa a ser cómplice del encubrimiento.
El periodismo no se mide por lo que calla, sino por a quién protege cuando calla. Y aquí no se está defendiendo la libertad de prensa, sino la impunidad del poder.