“GUERRILLERO”
A mi padre lo asesinaron la mañana del 9 de agosto de 1994. Con frecuencia en el Congreso de la República, en las columnas de opinión, en las entrevistas radiales, o en las declaraciones de los ministros, se insinuaba o se decía abiertamente que él era un guerrillero. Algunos lo hacían veladamente, y otros los más cercanos al paramilitarismo y a la extrema derecha, lo decían de frente. Como él, 6.000 miembros de la Unión Patriótica fueron sometidos al mismo procedimiento: primero se preparó a la opinión pública, se incitó a la violencia, luego se ejecutaron los homicidios, y después se alegó la legitimidad del acto para ambientar su impunidad. Así ha sido por décadas en Colombia: con los miles de miembros de la UP, o con los liberales, o con los líderes sociales.
Eso ha consolidado la convicción de que calificar o mostrar a alguien como ilegal, terrorista, subversivo, o guerrillero, es algo normal y plenamente justificado. Así lo entienden hoy “analistas” políticos, y humoristas. Pero no: acusar a alguien de guerrillero no es “infame”, es criminal, pues termina en atentados políticos y muertes violentas.