El juicio de averiguar quién filtró un documento protegido por secreto profesional y judicial. La prensa no está en el banquillo, lo está el fiscal general del Estado, que es quien debía custodiar esa información. Los periodistas han sido llamados como testigos para determinar la cadena de transmisión del correo, algo perfectamente legítimo en un caso de revelación de secretos. Y ahí es donde está el problema, porque ninguno ha aportado prueba material de haberlo recibido antes del 13 de marzo de 2024. No hay metadatos, no hay registro, ni hay archivo verificable. Solo declaraciones verbales y un relato que se contradice con la cronología. Una cronología que empieza con el fiscal general del Estado que recibe un correo a las 21:59, y once minutos después la SER publica fragmentos literales. El secreto profesional protege a la prensa cuando fiscaliza al poder, no cuando actúa como correa de transmisión de ese mismo poder. Y si la fuente de los periodistas está dentro del Estado, en la Fiscalía o en la Moncloa, no hablamos de periodismo libre, sino de uso político de la información confidencial. El juicio no busca que los periodistas delaten a nadie. Busca saber quién rompió el deber de sigilo institucional y cómo un correo bajo custodia judicial terminó siendo arma de propaganda. No se juzga a la prensa por informar, se juzga a un fiscal por haber convertido el secreto en titular.

Están al guerracivilismo y la propaganda y no a invertir en servicios públicos fundamentales.

Tenemos la mejor sanidad pública de España y la oposición jamás es capaz de felicitar sus logros.

Vicente Vallés sobre el juicio al Fiscal General: “Ha quedado claro el uso abusivo de instituciones públicas que pertenecen a todos los españoles para el disfrute de unos cuantos”.

A todos los que aún crean en el Estado de Derecho. Vean esto. Sin prejuicios. Sin sesgos. Sin sectarismos. Solo con la conciencia de lo que está en juego.