Teresa Ribera, como ministra de Transición Ecológica, impulsó el cierre escalonado de las centrales nucleares en España, alegando que era una tecnología del pasado. Hoy, desde su nuevo puesto como vicepresidenta de la Comisión Europea encargada del Pacto Verde, respalda ayudas estatales para fomentar esa misma energía nuclear… pero en el resto de Europa.
El giro no es menor. En España, Ribera promovió un calendario que dejará fuera de servicio a todas las centrales entre 2027 y 2035, si no somos capaces de evitarlo. También fue la artífice del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que contempla el cierre de todas las centrales nucleares y, al mismo tiempo, mantener los 26 gigavatios de ciclos combinados de gas natural, el equivalente a 26 reactores nucleares. Además, promovió el séptimo Plan General de Residuos Radiactivos, diseñado para gestionar el cierre total del parque nuclear español.
A todo esto se suma que, entre 2019 y 2025, las tasas e impuestos que pagan las centrales nucleares en España han aumentado un 71%, según PwC, con el objetivo de crear un «problema artificial» que haga económicamente insostenibles estas instalaciones.
La Comisión Europea justifica estas ayudas como parte de la «transición industrial limpia», necesaria para lograr la descarbonización sin comprometer el suministro eléctrico. Y sí, la nuclear ha sido incluida gracias al impulso de países como Francia, Polonia, Suecia, Finlandia, Países Bajos e incluso, recientemente, Alemania, que, con su nuevo gobierno, acepta que la energía nuclear forme parte del mix eléctrico europeo.
La paradoja es evidente: mientras en Europa se respalda con dinero público la inversión en nuevos reactores, en España se cierran instalaciones ya amortizadas, sostenibles, seguras y productivas.
¿Era una cuestión técnica o ideológica? ¿Qué ha cambiado para que Ribera defienda desde Bruselas lo que canceló en Madrid?
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